Tras el reciente anuncio del aumento a las bonificaciones que ofrece el Gobierno de Nicolás a los trabajadores públicos, que no inciden en sus prestaciones y otros beneficios laborales de Ley, para muchos especialistas la gran preocupación que existe es cómo eso influye en los ingresos de quienes quizás son el sector más vulnerable en este caso: los jubilados y pensionados.
El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), criticó el reciente ajuste salarial integral anunciado por el gobierno venezolano, que incrementó el ingreso mínimo a 160 dólares mediante bonos, sin modificar el salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares. Según Balza, esta medida agrava la desalarización que afecta a los trabajadores del país.
En entrevista con el periodista Román Lozinski, Balza señaló que el enfoque en bonos, en lugar de un salario real, excluye beneficios como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.
“Pagar bonos es no pagar ni vacaciones, ni utilidades, ni prestaciones”, afirmó, destacando que esta práctica se intensificó tras la reforma de la Ley del Trabajo en 2012, que no logró proteger las prestaciones debido a la ausencia de un salario digno.
El economista expresó especial preocupación por los pensionados, quienes dependen del salario mínimo y los bonos para subsistir. “No sabemos cuántos pensionados hay, pero dependen de estos ingresos”, indicó, subrayando la opacidad en las cifras oficiales, que estiman unos cinco millones de beneficiarios.
Balza también criticó la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos, recordando que Venezuela lleva una década sin publicar el presupuesto nacional. “Ahí es donde deberíamos saber en qué se utilizan los recursos”, enfatizó. Además, cuestionó la efectividad de la Ley de Protección de Pensiones, aprobada hace un año, cuyo impacto y uso de fondos recaudados siguen siendo desconocidos.
El cuento de las sanciones
Sobre las sanciones internacionales, Balza consideró que no han sido determinantes en la política salarial del gobierno, que mantiene una estrategia de bonificación desde hace años. “Las sanciones no lograron cambiar las políticas del gobierno, pero las decisiones sobre el salario ya estaban fijadas”, acotó.
El ajuste, que representa solo el 10% de la canasta básica alimentaria, según Cendas, no resuelve las dificultades de los trabajadores, especialmente en un contexto donde las empresas formales enfrentan altos costos laborales, tecnológicos y fiscales. Balza advirtió que la discusión sobre pagos en dólares desvía la atención del problema central: la necesidad de un salario real que garantice derechos laborales y poder adquisitivo.
¿Qué pasó con la Ley de Pensiones?
Ronald Balza recordó que hace un año se aprobó la Ley de Protección de Pensiones, pero aún no hay claridad sobre su aplicación ni el destino de los recursos recaudados.
Balza señaló que, a pesar de que el salario mínimo se considera para el cálculo de las pensiones, no hay información clara sobre cómo la nueva legislación y los fondos recaudos beneficiarán a los trabajadores. Este comentario surge en el contexto del reciente anuncio del Ejecutivo nacional sobre el ajuste salarial, que incrementó el Ingreso Mínimo Integral a 160 dólares.
El economista también expresó que este ajuste, que se centra en aumentar bonos en lugar de salarios, contribuye a la desalarización en el país, lo cual afecta a los trabajadores. Además, subrayó la falta de información pública sobre la gestión de los recursos del estado.
Balza señaló que lleva diez años esperando la publicación del presupuesto nacional, la cual no se ha realizado en esa década. Agregó que una reforma a la Ley del Trabajo en 2012 tenía como objetivo proteger las prestaciones sociales, pero que no ha cumplido su propósito debido a la ausencia de un salario real.
Nicolás Maduro hizo el miércoles 30 de abril un ajuste a la bonificación complementaria del salario mínimo de los venezolanos, que incluyó a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de la misión Amor Mayor. El gobernante anunció el aumento del bono de guerra económica a 50 dólares, apenas 5 dólares más que el monto anterior. Esto equivale a cerca de 4.378 bolívares al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
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